La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, intervino en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en Bruselas, donde se discutió el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral. Díaz destacó la necesidad de que las empresas de IA tributen para financiar un fondo que facilite la adaptación a los cambios tecnológicos en el trabajo. En su intervención, enfatizó que la transición digital debe ser una cuestión de justicia social.
Los ministros de empleo de la Unión Europea debatieron sobre estrategias para equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos laborales. Díaz propuso seis medidas básicas, que incluyen garantizar el derecho individual a la formación, la transparencia algorítmica, el control sindical sobre la gestión algorítmica, y la creación de un indicador de riesgo de automatización para proteger a los trabajadores más vulnerables.
Estela Martín, presidenta de la Sección de Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, subrayó que la tributación de la IA no es un concepto nuevo y recordó intentos anteriores en la Unión Europea para que los robots tributen. Además, advirtió que las auditorías algorítmicas serán un nuevo frente de conflicto a medio y largo plazo, especialmente con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689, que establece normas armonizadas sobre inteligencia artificial.
Martín también mencionó que en España, las empresas con representación laboral deben informar a los comités de empresa sobre los parámetros que rigen los algoritmos que afectan las condiciones laborales, y citó una sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la vulneración del derecho a la libertad sindical por la falta de información sobre estos parámetros.
¿Cómo garantizar que la implementación de la inteligencia artificial no comprometa los derechos laborales fundamentales en el futuro?
.
.
.
RESUMEN BASADO EN EL ARTÍCULO PUBLICADO EN Law and Trends EL 11/03/2026. Leer original