La comunidad creativa se plantea demandar por el expolio de derechos de autor por la inteligencia artificial
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La comunidad creativa en España, representada por Antonio Fernández de Adepi, cuestiona la falta de respuesta del Ministerio de Cultura ante el uso de la inteligencia artificial que expolia derechos de autor, provocando pérdidas millonarias en el sector cultural.
Durante un foro público, Antonio Fernández, presidente de Adepi, planteó una inquietante pregunta sobre el futuro de la comunidad creativa en España: “¿Lo único que nos queda a la comunidad creativa es demandar?”. Esta reflexión surgió en el contexto de la creciente preocupación por el uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación de contenidos, que, según los expertos, está llevando a un expolio de derechos de autor. La IA utiliza obras protegidas para entrenar modelos sin compensar a los creadores, generando un negocio que no retribuye adecuadamente a los artistas y creadores culturales.
Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, no ofreció respuestas claras a las inquietudes planteadas, lo que dejó a los asistentes con la sensación de que el Ministerio no tiene un plan definido para abordar este desafío. A pesar de que se intentó regular el uso de la IA mediante un real decreto, este fue retirado por no satisfacer a las partes interesadas. La falta de acción del Gobierno se traduce en un panorama sombrío para el sector cultural, que podría enfrentar pérdidas de entre 160 y 180 millones de euros hasta 2028, según un estudio de la Sociedad General de Autores (SGAE).
Las grandes corporaciones tecnológicas, como Nvidia y Google, están en una posición dominante, lo que complica aún más la situación. La capitalización bursátil de Nvidia representa el 15% del PIB estadounidense, mientras que Google y Meta también tienen una influencia significativa en el mercado. A pesar de algunas victorias aisladas, como la condena a Meta por 500 millones de euros a la prensa escrita, los representantes del sector cultural advierten que se necesita una regulación más robusta y efectiva.
Fernández también subrayó que las administraciones públicas a menudo utilizan contenidos protegidos sin pagar las licencias correspondientes, lo que agrava el problema. La comunidad creativa ha llegado a la conclusión de que, ante la falta de acción gubernamental, la única opción viable es recurrir a la vía judicial para proteger sus derechos. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno español tomará medidas más allá de esperar a que Bruselas actúe.
¿QUÉ MÁS SE PUEDE HACER CUANDO LA CREATIVIDAD SE CONVIERTE EN MERCANCÍA SIN VALOR?