El retraso en la aplicación de la Ley de IA en Europa hasta diciembre de 2027 expone a sistemas críticos a un vacío regulatorio. La UE busca equilibrar la innovación y la protección de datos, pero enfrenta tensiones éticas y políticas.
La Unión Europea (UE) se encuentra en una encrucijada en su relación con la inteligencia artificial (IA). Por un lado, está considerando relajar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para fomentar la innovación; por otro, ha decidido aplazar la entrada en vigor de la Ley de IA, que regula los sistemas de alto riesgo, hasta diciembre de 2027. Esta dualidad refleja la dificultad de Europa para avanzar en la carrera tecnológica sin comprometer sus principios fundamentales.
Desde su implementación en 2018, el RGPD ha posicionado a Europa como un referente mundial en la protección de datos. Sin embargo, los principios de minimización y limitación de propósito que rigen esta normativa chocan con las necesidades de la IA generativa, que requiere grandes volúmenes de información para entrenar modelos como ChatGPT o Gemini. Según el periódico Politico, Bruselas está considerando reclasificar el desarrollo de IA como una actividad de interés público o investigación científica, lo que permitiría reutilizar datos anonimizados sin necesidad de solicitar un nuevo consentimiento.
Sergio García Estradera, gerente de i3e, ha señalado que esta propuesta representa un cambio ideológico significativo. “Redefinir la investigación científica para incluir productos comerciales abre la puerta a una erosión sistemática de los derechos digitales”, advierte. García enfatiza que, aunque Europa llega tarde a la carrera de la IA, no debe comprometer los principios que la han definido. “La privacidad no debe ser una moneda de cambio, sino una ventaja competitiva si se integra en un marco de innovación responsable”, añade.
Por otro lado, la Comisión Europea ha retrasado más de un año la entrada en vigor de la Ley de IA, aprobada en 2024, con el objetivo de asegurar que la innovación no comprometa la privacidad ni la resiliencia digital. El aplazamiento busca ganar tiempo para definir estándares técnicos y aliviar la carga administrativa, lo que podría suponer un ahorro de hasta 225 millones de euros para las empresas. Sin embargo, este retraso deja expuestos a un vacío legal sistemas críticos como la identificación biométrica, la evaluación crediticia y la gestión del tráfico urbano.
“Posponer la regulación significa convivir con tecnologías que manejan información crítica sin estándares claros de seguridad”, alerta García. En un contexto donde los ciberataques aumentan un 30% anual y las IA se convierten en vectores de ataque, el experto advierte que “la simplificación administrativa no debe traducirse en desprotección”. Las empresas deben anticiparse con auditorías, autenticación robusta y monitorización continua para evitar que la falta de regulación se convierta en un riesgo sistémico.
Europa se enfrenta al desafío de competir con gigantes como Estados Unidos y China en esta carrera tecnológica, pero lo hace en medio de tensiones políticas y éticas. La Comisión Europea prevé presentar una propuesta formal sobre el RGPD en los próximos meses, mientras la Ley de IA sigue en pausa. La pregunta que queda es clara: ¿puede Europa liderar la innovación sin renunciar a sus valores?
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