La IA en la Abogacía: Oportunidades y Desafíos

La inteligencia artificial ya tiene su sitio en la práctica profesional. Según el estudio “IA y competencias digitales en el ámbito laboral y profesional” elaborado por IO Investigación para Unión Profesional, más de seis de cada diez profesionales perciben cambios directos en su trabajo, y más del 80% reconoce su potencial para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. No obstante, la formación y el conocimiento sobre estas herramientas siguen siendo limitados: solo el 15% de los profesionales cuenta con formación certificada.

La pregunta que surge es clara: ¿cómo aprovechar estas herramientas para potenciar la práctica profesional sin comprometer los principios de rigor, ética y confianza que definen nuestra profesión? En el caso del sector jurídico, la transformación avanza con prudencia, pero de forma inevitable. La abogacía se encuentra en un punto de inflexión entre la tradición y la innovación. Los datos que se extraen del citado estudio reflejan cómo cerca del 30% de los profesionales jurídicos mantiene una visión crítica respecto a la IA y la percibe como una posible amenaza. Sin embargo, esta realidad debe interpretarse más como una expresión de cautela que como una resistencia al cambio, evidenciando la importancia de realizar una correcta labor de divulgación.

Velar por la ciudadanía también es adquirir y actualizar nuestros conocimientos, siendo fundamental el proceso de formación. El ejercicio del Derecho se basa en la confianza, la interpretación rigurosa y la protección de derechos fundamentales. En ese contexto, la adopción de herramientas de IA requiere un enfoque ético, garantista y plenamente alineado con los valores de nuestra profesión. La digitalización, bien entendida y aplicada, abre un amplio margen para la mejora de procesos, la gestión documental, la búsqueda jurisprudencial o la automatización de tareas administrativas, liberando tiempo para el asesoramiento jurídico estratégico y de mayor complejidad y, por tanto, proporcionándole un mayor valor añadido.

Uno de los grandes retos que revela el estudio es la necesidad de formación: el 83% de los profesionales encuestados reconoce no estar preparado para incorporar la IA en su trabajo, y solo el 15% dispone de formación certificada. En el ámbito jurídico, esta brecha se traduce en una menor disposición a formarse en competencias digitales, especialmente en aplicaciones de IA. Es aquí donde debemos actuar con determinación. La formación continua y la actualización tecnológica no son una opción, sino una condición necesaria para garantizar la excelencia profesional en un entorno cambiante.

Ante esta realidad, desde el Consejo General de la Abogacía Española trabajamos desde hace años para impulsar la capacitación digital de todos los colegiados, promoviendo el uso responsable y eficiente de la tecnología en el ejercicio profesional. Un claro ejemplo de ello es el Programa Formativo en Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales, Upro, impulsado por Unión Profesional y Red.es. Esta formación pionera, financiada por los fondos europeos Next Generation, y en la que participan 19 entidades de distintos sectores, entre las que se encuentra el Consejo General de la Abogacía, evidencia el compromiso de las corporaciones colegiales con la formación continua y, particularmente, con la digitalización.

Se trata de un programa especializado, certificado y adaptado a las necesidades reales de los profesionales, dándoles las herramientas necesarias para que puedan aplicarlas en su día a día. Esta iniciativa es una oportunidad única para reforzar las competencias digitales de los profesionales para que puedan integrar la IA en su práctica con conocimiento, seguridad y criterio. La abogacía se encuentra ante una oportunidad histórica: integrar la inteligencia artificial sin que sea vista como un sustitutivo de la práctica profesional, sino como una herramienta que potencia nuestra capacidad de análisis, eficiencia y la calidad del servicio a la ciudadanía. Liderar este proceso requiere combinar formación, deontología y criterio profesional, asegurando que la tecnología sirva para aplicar de la mejor forma posible el derecho y no al revés.