EE UU lanza US Tech Force para atraer talento en IA

La carrera por la IA ya no se libra solo entre gigantes tecnológicos y startups bien financiadas, puesto que, en los últimos años, gobiernos de todo el mundo han empezado a intervenir de forma directa para no quedarse atrás en una tecnología que promete redefinir la economía, la defensa y la administración pública. Tras las inversiones masivas de China en IA y los movimientos de la UE para regular y desarrollar su propio ecosistema, EE UU ha decidido dar un paso más: entrar de lleno en la guerra por el talento.

En ese contexto, la administración Trump ha presentado US Tech Force, un ambicioso programa de contratación con el que la Casa Blanca busca atraer a 1.000 ingenieros, científicos de datos y especialistas en IA para trabajar dentro del Gobierno federal con un objetivo que ni es simbólico ni se piensa a largo plazo: se trata de un plan de dos años para modernizar sistemas críticos del Estado y acelerar la adopción de IA en áreas estratégicas.

La iniciativa refleja una preocupación que se ha vuelto recurrente en Washington, ya que muchos de los sistemas que sostienen la administración pública, desde infraestructuras fiscales hasta plataformas de defensa, están obsoletos, mientras que el sector privado avanza a un ritmo mucho más rápido. Al mismo tiempo, el auge de la IA generativa ha intensificado la competencia global, especialmente con China, que ha convertido el desarrollo tecnológico en una prioridad nacional.

Además, si bien no es la primera vez que EE UU intenta atraer talento tecnológico al sector público, sí es una de las apuestas más agresivas en términos de escala, salario y alianzas con la industria y, sobre todo, es una señal clara de que el Gobierno ya no quiere limitarse a regular la IA, sino construirla desde dentro.

Según lo publicado por Interesting Engineering, US Tech Force reclutará a los profesionales en etapas tempranas de su carrera, que se integrarán directamente en agencias federales en lugar de operar como un equipo centralizado. Entre ellos brillan ingenieros de software, expertos en IA, gestores de proyectos y científicos de datos que trabajarán codo con codo con los responsables de cada organismo, reportando a su liderazgo interno.

La Oficina de Gestión de Personal (OPM) lidera el programa. Su director, Scott Kupor, ha subrayado que el Gobierno necesita “profundidad técnica real” para afrontar desafíos digitales cada vez más complejos, por lo que los participantes se comprometerán a dos años de servicio público, durante los cuales desarrollarán proyectos de alta prioridad como la implementación de IA, la modernización de datos y la creación de servicios digitales más eficientes.

Los salarios previstos, entre 130.000 y 200.000 dólares anuales, buscan competir directamente con el sector privado, y no se trata de un detalle menor: durante años, la brecha salarial ha sido uno de los principales obstáculos para atraer talento tecnológico al Estado.

Uno de los elementos más llamativos del programa es su estrecha relación con las grandes tecnológicas pues, como era de esperarse, su alianza no se hizo esperar y más de dos docenas de empresas, entre ellas Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Meta, Apple y Palantir, participan como socias, ofreciendo mentoría, formación y apoyo profesional.

De hecho, algunas incluso permitirán que empleados actuales se tomen excedencias temporales para trabajar dentro de agencias gubernamentales con la promesa de que, al finalizar los dos años, los participantes podrán continuar en el sector público o regresar al privado, con el respaldo de estas compañías, que se han comprometido a considerar a los exmiembros de Tech Force en sus procesos de contratación.

Los ingenieros de US Tech Force se desplegarán por distintos departamentos, desde Defensa hasta Hacienda con tareas que podrían ir desde sistemas de análisis avanzados y herramientas de datos para agencias fiscales hasta aplicaciones de IA en seguridad nacional y logística militar.

La iniciativa se apoya en una reciente orden ejecutiva de Trump que establece un marco nacional para la política de IA, con un enfoque favorable a la expansión de infraestructuras y a la reducción de barreras regulatorias. Es una postura alineada con los intereses de la industria, pero también con la urgencia geopolítica: en la carrera global por la IA, quedarse atrás ya no es una opción.